La violencia armada volvió a golpear de lleno al escenario político e institucional en Perú. A pocas semanas de los comicios regionales del 4 de octubre, la periodista y candidata a la gobernación de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, de 44 años, fue acribillada a tiros mientras realizaba una caminata proselitista en un concurrido mercado del distrito de Caraz. El ataque, perpetrado a plena luz del día en medio de una multitud, dejó además un saldo de cinco personas heridas y encendió las alarmas sobre la absoluta desprotección de los dirigentes y comunicadores críticos en la región.
Conocida popularmente como “La China Polo”, la víctima combinaba su postulación por el movimiento Socios por Áncash con la conducción de un programa periodístico digital donde denunciaba de forma sistemática tramas de corrupción local. Pese a que Aponte Polo había alertado públicamente en reiteradas ocasiones sobre amenazas de muerte en su contra, las garantías de seguridad nunca llegaron, consumándose un crimen ejecutado con la frialdad de los sicariatos por encargo.
El caso pone al descubierto la severa crisis de seguridad e impunidad que atraviesa al país andino:
- Ataque masivo y heridos: El atentado se produjo en la avenida Ramón Castilla de Caraz, dejando un saldo de cinco simpatizantes heridos que debieron ser trasladados de urgencia al Hospital San Juan de Dios.
- Operativo policial y sospechosos: Tras el despliegue de las fuerzas de seguridad, la Policía detuvo a un ciudadano de nacionalidad venezolana como principal sospechoso, mientras la Fiscalía analiza las cámaras de seguridad del área para determinar la autoría material e intelectual.
- Denuncias previas e hipótesis: La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada de Huaylas, que evalúa el trasfondo de las denuncias de corrupción que la periodista difundía en su medio contra actores de poder en la provincia de Áncash.
El asesinato de la candidata expone el enrarecido clima en el que se desarrollarán los comicios en las 25 regiones peruanas, donde la penetración del crimen organizado y la violencia política amenazan con condicionar de forma irreversible el proceso democrático.
