El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario alcanzó una instancia crítica en los tribunales. Tras la resolución del juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, la Casa Rosada dispone de un plazo de cinco días para acatar de forma integral la medida cautelar que ordena recomponer salarios docentes, no docentes y partidas para becas. La decisión judicial incluye la amenaza explícita de aplicar sanciones económicas diarias —astreintes— en caso de persistir el incumplimiento por parte del Ejecutivo.
Frente al avance judicial, la estrategia oficial consiste en apelar la medida ante la Cámara mientras se analiza solicitar la suspensión de sus efectos. Desde el entorno del Ejecutivo insisten en que las obligaciones fueron parcialmente cubiertas mediante el acuerdo firmado en junio con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios, el cual incluyó un incremento salarial del 24,33% y un refuerzo para gastos de funcionamiento. Sin embargo, el magistrado desestimó estos argumentos al señalar que el Estado no garantizó una solución de fondo al deterioro salarial.
El Presupuesto 2027 como moneda de cambio
Paralelamente al litigio por el Decreto 759/2025 —mediante el cual se promulgó la Ley de Financiamiento Universitario pero con ejecución condicionada—, el Gobierno busca utilizar la negociación del Presupuesto 2027 como vía de escape. El proyecto enviado al Congreso asigna $7,349 billones al sector universitario, cifra sensiblemente menor a los $11 billones reclamados por el CIN.
- Estrategia en el Congreso: La Casa Rosada dejó trascender que está dispuesta a ceder partidas adicionales en la discusión legislativa para destrabar el frente judicial.
- Respuesta gremial: Los sindicatos rechazaron las últimas ofertas de incremento salarial (como la propuesta unilateral del 3%) y confirmaron la realización de la Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre.
El intento del Ejecutivo por supeditar el cumplimiento de un fallo judicial a la negociación política en el Congreso profundiza la incertidumbre sobre el financiamiento de las casas de altos estudios, en una pulseada que mantiene en vilo a toda la comunidad educativa del país y las provincias.
