En una jornada marcada por el consenso automático y la ausencia total de debate, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán otorgó luz verde al Departamento Ejecutivo para ampliar el gasto municipal en un 15%, lo que inyectará $52.467 millones adicionales a la caja que administra la intendenta Rossana Chahla. Con este aval unánime, el presupuesto capitalino trepará de $349.783 millones a más de $402.000 millones bajo el argumento de la inflación, consolidando un esquema de reasignación discrecional de fondos sin control directo del cuerpo deliberativo.
La jugada política contrasta severamente con la tajante poda aplicada en la misma sesión al Presupuesto Participativo. Mediante una modificación técnica a la fórmula de cálculo, el oficialismo redujo en un 53,5% los fondos destinados a las obras votadas por los vecinos, achicando el piso de inversión comunitaria de $8.745 millones a solo $4.069 millones. Mientras el Ejecutivo multiplica por seis sus recursos de libre disponibilidad, la ciudadanía ve recortada a la mitad la única herramienta de decisión directa sobre las urgencias de sus barrios.
El destino de las partidas vuelve a poner la lupa sobre las prioridades de la gestión municipal. San Miguel de Tucumán destina el 31,5% de su presupuesto total —$110.000 millones anuales— al servicio de recolección de residuos, una cifra que duplica holgadamente el promedio nacional para el sector (13,7%). Este millonario flujo de recursos es auditado bajo un estricto compromiso de confidencialidad por una firma privada envuelta en polémicas institucionales, dejando en evidencia un esquema de gasto que opaca la inversión en infraestructura básica para los tucumanos.
