El bloque opositor presentó un proyecto para restituir un fuero especializado contra los delitos de la administración pública, apuntando a terminar con más de dos décadas de impunidad e injerencia ejecutiva. La iniciativa, impulsada por legisladores de distintas bancadas opositoras, plantea la creación de la Fiscalía Especializada en Corrupción y Criminalidad Económica dentro del Ministerio Público Fiscal, con autonomía presupuestaria y competencia en toda la provincia.
El proyecto busca blindar las investigaciones sobre el uso de los recursos públicos mediante un esquema que acote la influencia del oficialismo:
- Independencia de la cúpula política: El fiscal a cargo será designado por concurso público a través del Consejo Asesor de la Magistratura, con la prohibición explícita de haber ocupado cargos en el Poder Ejecutivo o en conducciones partidarias.
- Control ciudadano y querella colectiva: El texto faculta a ONG, legisladores y concejales a constituirse como querellantes, un mecanismo que busca sortear los recientes fallos judiciales que rechazaron la participación de opositores en causas contra intendentes locales.
- Fin de un vacío de 21 años: La propuesta pretende revertir la medida adoptada en 2005 por la Corte Suprema provincial, cuando disolvió la antigua Fiscalía Anticorrupción y dispersó las causas contra el Estado entre las fiscalías comunes.
La movida parlamentaria pone bajo presión a la estructura judicial y política tucumana, desafiando un sistema que desde hace más de dos décadas diluye el juzgamiento de las irregularidades en la gestión pública.
