La narrativa del Poder Ejecutivo provincial intenta pintar un panorama de alivio en medio de un contexto socioeconómico que ahoga diariamente al bolsillo de la población. Tras conocerse los últimos índices del INDEC para el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, saló a defender la gestión oficial adjudicando la baja de tres puntos porcentuales en la pobreza a la presencia del Estado, en un intento por matizar la profunda crisis que atraviesa a las familias trabajadoras.
El funcionario respaldó la estrategia del gobernador Osvaldo Jaldo al argumentar que el sostén de la obra pública y el blindaje en partidas de salud, educación y contención alimentaria permitieron amortiguar el feroz impacto del ajuste nacional. Sin embargo, el propio ministro debió reconocer la gravedad del colapso salarial que sufre la provincia, admitiendo que la inmensa mayoría de los trabajadores formales —tanto públicos como privados— llevan más de tres años sumergidos en la pobreza por ingresos al no alcanzar a cubrir la canasta básica.
En ese marco, la cartera social destacó la ampliación de programas de asistencia como la Tarjeta Alimentaria Independencia y los comedores escolares para paliar la quiebra de planes nacionales y el traspaso masivo de usuarios a la salud y educación pública. Si bien el discurso oficial reconoce que la salida de fondo requiere recuperar el empleo genuino e impulsar las economías regionales como el citrus y el azúcar, la ciudadanía contrapone los anuncios gubernamentales con una realidad cotidiana donde las ayudas de emergencia resultan insuficientes ante el constante deterioro de las condiciones de vida en los barrios.
