La asfixia económica que padecen las familias trabajadoras ha alcanzado un límite alarmante. Según un reporte global difundido por la organización Hábitat para la Humanidad, el 83% de los argentinos se vio obligado a reducir gastos de extrema necesidad durante el último año con el único objetivo de afrontar los desmedidos costos de mantener un techo. El indicador ubica a la Argentina muy por encima del promedio mundial (75%), evidenciando la profunda volatilidad económica, la devaluación sostenida de los salarios y un ajuste que achicó dramáticamente el margen de supervivencia de los hogares.
El impacto sobre el presupuesto diario expone consecuencias brutales en la calidad de vida de la población. Un 38% de los encuestados recortó de forma directa la compra de alimentos, el 37% debió liquidar sus ahorros de emergencia y un 35% tuvo que sumar horas o buscar empleos secundarios. Peor aún, un 34% admitió haber llegado al extremo de elegir entre abonar el alquiler y los servicios o adquirir vestimenta, comida y medicamentos. A esto se suma el tarifazo energético: un 19% de los argentinos debió limitar el uso de estufas y aires acondicionados para evitar facturas impagables.
El escenario se vuelve especialmente crítico para el sector inquilino, donde la incertidumbre y la falta de regulación dejan a las familias a la deriva. Casi la mitad de quienes alquilan manifiesta severas dificultades para pagar la vivienda y un 70% vive con la amenaza constante de que cualquier gasto imprevisto o suba arbitraria los deje en la calle. Mientras el costo de vida no frena, la crisis habitacional se consolida como una de las caras más impiadosas de un modelo que relega los derechos básicos al libre mercado.
