Los tres poderes del Estado tucumano montaron una mesa de trabajo institucional para apurar la adecuación local a la Ley Nacional N.º 27.801, normativa que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años. La reunión, encabezada por el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente de la Corte Suprema, Daniel Leiva, dejó al descubierto la complejidad operativa que implica adaptar el Código Procesal Penal e implementar un régimen de ejecución de penas para menores sin caer en parches administrativos ni discursos vacíos.
El debate central no solo pasa por la letra de la ley, sino por los recursos reales con los que cuenta la provincia para cumplirla. Mientras los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse y Mario Leito apuran un dictamen unificado para crear figuras como la del «supervisor» de menores, persiste el contrapunto sobre qué área del Estado —si el Poder Ejecutivo o el Judicial— asumirá la carga administrativa y el seguimiento. La propia admisión de Acevedo sobre evitar sancionar normas que queden en «letra muerta» expone la fragilidad de un sistema que debe garantizar resocialización e infraestructura adecuada en un contexto de histórica saturación penitenciaria y de institutos de menores en la provincia.
Con la ley nacional ya en vigor desde el 5 de septiembre, el Poder Legislativo corre contra el reloj para definir las reformas procesales. La efectividad de este nuevo régimen dependerá de si la dirigencia política dispone de un presupuesto real para sostener la estructura judicial y de contención, o si la baja de imputabilidad en Tucumán terminará reducida a un mero anuncio legislativo sin impacto en la seguridad ni en la justicia restaurativa.
