Nueve meses de pesquisas de la Justicia provincial expusieron el engranaje de una organización criminal transnacional que utilizaba a San Miguel de Tucumán como centro de logística y tránsito para el tráfico de vehículos de alta gama hacia Bolivia. La investigación, encabezada por la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III bajo la conducción de la fiscal Alejandra Navarro, derivó en la detención de tres tucumanos y la ejecución de 14 allanamientos simultáneos en Córdoba, desnudando las severas vulnerabilidades en las fronteras y los controles de las rutas del norte argentino.
Los tres detenidos en la capital —dos hombres y una mujer afincados en los barrios El Salvador y Oeste III— operaban como la estructura local encargada de la custodia, traslado y enfriamiento de los rodados sustraídos en la vía pública. Entre los hechos que se les imputan figuran atracos cometidos a plena luz del día en las inmediaciones del Hospital Padilla y en calle Honduras. La labor pericial de la Dirección de Análisis Criminal del ECIF confirmó que la banda empleaba tecnología de última generación provista desde Córdoba para vulnerar el encendido de camionetas de gran porte (principalmente Toyota Hilux y SW4), las cuales eran entregadas a la célula tucumana para cruzarlas ilegalmente al país vecino a cambio de dinero o estupefacientes.
El despliegue de las fuerzas de seguridad expone no solo la audacia con la que operan estas redes interprovinciales, sino también el multimillonario negocio clandestino que florece en la región ante los agujeros en los controles de tránsito y aduaneros. Con tres imputados locales que enfrentarán cargos por asociación ilícita y el rastreo de los cabecillas cordobeses, la causa vuelve a poner bajo el foco la urgencia de blindar los corredores del norte para frenar el saqueo automotor y el contrabando fronterizo.
