Un grave esquema de especulación inmobiliaria ilegal sobre áreas protegidas fue al descubierto por la Justicia federal. El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, procesó sin prisión preventiva a un hombre de 66 años (P.M.S.) y a su hijo de 38 (M.S.) por liderar el desarrollo no autorizado del loteo «Las Pirámides», emplazado dentro del Parque Sierra de San Javier, un dominio público perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
La resolución del magistrado dió por acreditada la responsabilidad del principal acusado como autor de usurpación por despojo en tres etapas —2019, 2022 y 2024—, defraudación por estelionato y daño agravado a bienes de uso público. Para su hijo, la Justicia dictó el procesamiento como partícipe secundario. En paralelo, el juez trabó embargos sobre los bienes de los imputados por 500 millones y 200 millones de pesos respectivamente. P.M.S. ya contaba con una condena penal firme dictada en diciembre de 2024 por desobediencia a funcionario público.
La investigación impulsada por el fiscal federal Agustín Chit y la auxiliar Julia Vitar permitió reconstruir la expansión sistemática del emprendimiento sobre el ecosistema protegido, desoyendo una medida cautelar dictada en diciembre de 2018 que prohibía toda construcción, desmonte o enajenación. Inspecciones con drones, peritajes topográficos de la UNT y relevamientos de Gendarmería Nacional constataron el avance de la ocupación: de 25 viviendas detectadas en 2019 se pasó a 70 construcciones georreferenciadas en 2024, con caminos abiertos, talas masivas y cartelería de «propiedad privada». El desmedido desarrollo tuvo su correlato en los registros de la red eléctrica, donde el único medidor asociado al acusado pasó de un consumo de 155 kWh en 2012 a picos de 8627 kWh, representando una suba del 3572,25%.
El accionar delictivo incluyó la venta de lotes mediante al menos 19 boletos de compraventa y cesiones de derechos posesorios, engañando a los compradores con supuestos títulos ancestrales y planos rechazados por la Dirección Provincial de Catastro desde 2009. La causa expone no solo la apropiación ilegítima de tierras universitarias inalienables destinadas a la conservación y la docencia, sino también un severo daño ambiental. Para determinar la magnitud de las secuelas sobre la biodiversidad de la yunga, la fiscalía solicitó un peritaje técnico a investigadores del CONICET NOA Sur, el cual se encuentra a la espera de la asignación de partidas presupuestarias por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación.
