La Cámara de Senadores de la Nación dio un paso central para el entramado productivo de la provincia al aprobar con 41 votos a favor y 25 en contra el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles. La iniciativa, impulsada con el respaldo unánime de los tres senadores tucumanos —Beatriz Ávila, Sandra Mendoza y Juan Manzur—, eleva los pisos obligatorios de mezcla y otorga un horizonte de 15 años de previsibilidad a la industria sucroalcoholera local, trasladando ahora la presión de la discusión a la Cámara de Diputados.
El corazón del proyecto radica en el incremento del corte obligatorio de bioetanol a base de caña de azúcar y maíz para la confección de naftas, que escalará del 12% actual al 15% al cabo de un año de su promulgación. En la misma línea, el corte de biodiésel en gasoil ascenderá del 7,5% al 10% en idéntico plazo, consolidando un esquema progresivo de desarrollo energético de origen nacional.
Cuotas de mercado, subastas y compensación por flete
El dictamen aprobado impone un rediseño del mercado energético interno con reglas claras para proteger el valor agregado en origen:
- Mapeo del bioetanol: Ninguna empresa elaboradora podrá exceder el 20% del total anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio, impidiendo la concentración monopólica.
- Mecanismo de precios: La comercialización se articulará mediante subastas mensuales en un Mercado Electrónico transparente, de acceso público y bajo estándares internacionales.
- Planta y materia prima nacional: Para abastecer la mezcla obligatoria, el combustible debe ser producido en plantas radicadas en la Argentina utilizando insumos nacionales.
- Federalismo productivo: Se contempló un diferencial por distancia para compensar el costo del flete de las plantas del interior y se facultó a las provincias a fijar regímenes propios para habilitar cortes superiores de forma optativa.
Resguardo social y fiscalización de la Autoridad de Aplicación
La normativa otorga rango regulatorio a la Secretaría de Energía, que solo podrá reducir excepcionalmente los porcentajes obligatorios mediante resolución fundada y por un plazo no mayor a 90 días ante casos extremos de escasez. Asimismo, se determinó una escala decreciente para la cuota asignada a las empresas no integradas hasta 2031, garantizándoles un piso del 4% hasta el año 2036.
La aprobación en el recinto representa una victoria táctica para las provincias del Norte Grande, que lograron consolidar una agenda común de impulso industrial. La definición final dependerá de la correlación de fuerzas que se teja en la Cámara Baja, donde los ingenios y productores tucumanos buscarán ratificar sin recortes esta herramienta estratégica para la economía
