El femicidio de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años hallada sin vida el pasado 8 de enero en un basural, ingresó formalmente en su etapa decisiva. Tras cuatro jornadas de control de acusación, la Justicia resolvió elevar la causa a juicio oral y público. La Fiscalía de Homicidios, con el respaldo absoluto de la querella, solicitó la pena de prisión perpetua para el principal imputado, Felipe «el Militar» Sosa, de 50 años, a quien acusan de cometer el crimen valiéndose de una extrema asimetría de poder, vulnerabilidad social y violencia machista.
La reconstrucción fiscal determinó que la madrugada del 7 de enero la víctima se trasladó a la vivienda de Sosa en Yerba Buena, donde fue atacada brutalmente en la zona craneofacial hasta causarle la muerte. Las pericias telefónicas expusieron expresiones denigrantes hacia la joven y una clara cosificación de la víctima. El proceso salpica además a dos supuestos encubridores para quienes se pidieron seis años de reclusión: Justina Gordillo, una funcionaria pública acusada de colaborar en el ocultamiento del cuerpo y facilitar la fuga del agresor a Buenos Aires a cambio de beneficios económicos, y Jorge Díaz, señalado por limpiar la escena y esconder armas de fuego pertenecientes al sospechoso.
El debate oral contará con la presentación de 77 testigos, pruebas genéticas de ADN, registros de cámaras de seguridad y peritajes sobre los teléfonos secuestrados. La resolución expone una trama de violencia sistemática y encubrimiento institucional que ahora deberá ser juzgada en el recinto, en un caso que dejó al descubierto la fragilidad de las redes de contención ante situaciones de alta vulnerabilidad.
