El sistema judicial del estado de Utah dispuso la liberación bajo fianza con monitoreo electrónico de Douglas Stewart Carter, de 71 años, quien permaneció más de cuatro décadas en el corredor de la muerte tras ser condenado en 1985 por el homicidio de Eva Olesen. La resolución del juez Derek Pullan se fundamentó en los resultados de peritajes genéticos sobre muestras halladas en la escena del crimen, los cuales excluyeron definitivamente el perfil genético de Carter de los rastros biológicos recuperados en el arma homicida y en los accesos a la vivienda de la víctima.
El fallo dejó al descubierto severas irregularidades procedimentales acumuladas durante el proceso judicial original, en el cual no se presentaron evidencias físicas y la acusación se estructuró sobre testimonios manipulados. Años más tarde, los propios testigos clave admitieron haber recibido dádivas económicas y amenazas de deportación por parte de agentes policiales y fiscales para incriminar al acusado. Ante estos antecedentes, la Corte Suprema de Utah había anulado el veredicto previo tras constatar múltiples episodios de conducta indebida por parte de los funcionarios a cargo de la instrucción.
Con el retiro de la pretensión de pena de muerte por parte de la fiscalía y un nuevo juicio fijado para 2027, el imputado afrontará el proceso en libertad bajo pautas de restricción territorial y alejamiento. Mientras la defensa técnica insiste en que las investigaciones iniciales desoyeron pruebas que señalaban a otros sospechosos, la representación de la familia de la víctima aguarda el desarrollo del nuevo debate oral, en un caso emblemático que vuelve a interrogar las garantías procesales y los márgenes de error de la pena capital.
