La Justicia española dio un paso determinante al dejar sin efecto este martes la orden de arresto que pesaba sobre Carles Puigdemont, permitiendo al dirigente independentista regresar al país sin riesgo de detención inmediata tras casi una década en el exilio. La resolución dictada por el juez instructor Pablo Llarena se produjo en consonancia con los avances del Tribunal Constitucional, que comenzó a hacer efectiva la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en favor de los referentes del proceso secesionista catalán de 2017.
El pronunciamiento judicial habilita una reconfiguración profunda del mapa político español y de los equilibrios parlamentarios en Madrid, donde el espacio que conduce Puigdemont resulta clave para la gobernabilidad del Ejecutivo central. La medida llega luego de que el máximo tribunal aplicara el beneficio de la amnistía a antiguos colaboradores del ex presidente de la Generalitat acusados por malversación de fondos públicos, sentado un antecedente directo sobre la causa principal que mantenía al líder catalán radicado en Bélgica.
La decisión de Llarena implica suspender la medida cautelar mientras se analiza la proyección del fallo constitucional sobre la situación procesal de Puigdemont, quien anunció una comparecencia pública desde la localidad belga de Waterloo para fijar posición. La eventual reincorporación del dirigente a la escena nacional reactiva el debate sobre los límites de las concesiones políticas al separatismo y tensiona la relación entre el Poder Judicial y los acuerdos de gobernabilidad en la Península Ibérica.
