Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos suspendió a tan solo una hora de su ejecución la sentencia de muerte contra Christa Pike en el estado de Tennessee. La reclusa de 50 años iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en esa jurisdicción en más de dos siglos. El tribunal fundamentó la medida de emergencia en la necesidad de revisar si las graves denuncias de abusos sexuales sistemáticos durante su infancia y su cuadro de enfermedad mental fueron evaluados adecuadamente por la justicia antes de condenarla a la pena capital por el homicidio de una compañera en 1995.
El crimen ocurrió cuando Pike tenía 18 años y cursaba en un centro de formación profesional en Knoxville, donde junto a su novio atacó a la joven Colleen Slemmer. La defensa de la condenada fundamentó los pedidos de clemencia en que Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático no diagnosticados al momento del hecho, cuadro derivado de traumas severos en su niñez. A su vez, expertos de la ONU reclamaron la conmutación de la pena al advertir sobre las secuelas psicológicas tras casi tres décadas de aislamiento en el corredor de la muerte, mientras que la familia de la víctima exigió el cumplimiento efectivo de la sentencia.
La decisión judicial vuelve a poner bajo la lupa las severas inconsistencias y los sesgos del sistema penal norteamericano respecto a la aplicación de la pena de muerte en delincuentes jóvenes con antecedentes de vulnerabilidad social. Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos había rechazado previamente detener el procedimiento, el fuero federal de apelaciones frenó la inyección letal para reexaminar el expediente, reabriendo la controversia sobre los límites éticos y punitivos del Estado frente a condenas irreversibles.
