Un grave esquema de corrupción sacude a la Municipalidad de Alderetes. La Justicia tucumana investiga una maniobra sistemática de saqueo de combustible estatal presuntamente ejecutada por empleados del servicio de recolección de residuos. Hasta el momento, siete personas fueron imputadas por el delito de peculado, mientras la Fiscalía avanza para determinar si existen más involucrados dentro de la estructura municipal.
La causa, liderada por la fiscal Mariana Rivadeneira y expuesta por el auxiliar fiscal Federico Lizárraga, sostiene que los acusados se valían de sus funciones como choferes y personal operativo para sustraer de forma reiterada el gasoil destinado al servicio público. Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, los recolectores alteraban las rutas de trabajo para desviar los camiones hacia las inmediaciones de una vivienda en el barrio 40 Viviendas, vinculada a un sujeto conocido como «Piluca». En ese punto, el combustible era ordeñado de los tanques hacia bidones para su posterior comercialización.
Esta maniobra no solo provocó un daño directo al erario municipal, sino que resintió directamente la prestación de un servicio básico esencial para los vecinos, al abandonar las zonas de recolección asignadas para llevar a cabo el ilícito. La acusación por peculado contempla penas de hasta diez años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y severas multas económicas.
Pese a la gravedad del perjuicio patrimonial y operativo contra el municipio, los imputados —seis de los cuales ya fueron apartados de la planta municipal mientras uno sigue en funciones— transitarán el proceso en libertad bajo reglas de conducta impuestas por la jueza interviniente. Mientras tanto, los investigadores continúan analizando pruebas para determinar el alcance total de las maniobras y establecer si la red contaba con la complicidad de autoridades de mayor jerarquía.
