La familia de Silverio Villegas González, ciudadano mexicano ultimado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago, inició acciones legales contra el gobierno de Donald Trump por lo que calificaron como una ejecución brutal e ilegal. A través de su abogado, Jonathan Manes, los allegados de la víctima formalizaron una exigencia de indemnización millonaria por daños y perjuicios, apuntando de forma directa contra el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad estatales y el entramado institucional que intentó justificar el hecho desde el primer momento.
El trágico episodio ocurrió el 12 de septiembre de 2025 durante la «Operación Midway Blitz», cuando los organismos de seguridad estadounidenses aseguraron que Villegas había puesto en riesgo la vida de un oficial al intentar huir en su vehículo. Sin embargo, peritajes independientes presentados en la demanda desmintieron categóricamente la narrativa oficial: las evidencias forenses demuestran que el agente no corría peligro de arrollamiento y que disparó por la espalda a corta distancia, hiriendo mortalmente al trabajador mexicano de 38 años, quien residía hace 18 años en el país y carecía de antecedentes penales.
La postura de la Casa Blanca, que calificó el accionar policial como «fuerza apropiada» y tildó de desinformación las protestas ciudadanas, encuentra ahora un freno en los tribunales. La defensa de la familia adelantó que el gobierno norteamericano muestra nula voluntad de asumir su responsabilidad o llegar a un acuerdo, optando por difamar a la víctima para encubrir la violencia sistémica en sus fronteras internas. Ante este escenario, la demanda busca sentar un precedente severo contra la impunidad de las agencias de control migratorio.
