El violento episodio registrado en el municipio de Graneros desencadenó un vertiginoso cruce de acusaciones institucionales que expone las severas grietas de la política tucumana. Luego de que la oposición presentara en la Legislatura un proyecto para intervenir la comuna conducida por el peronismo tras una emboscada denunciada por el diputado libertario Gerardo Huesen, el gobernador Osvaldo Jaldo salió al cruce: condicionó cualquier decisión al avance judicial, sugirió «prudencia» a los legisladores y arremetió contra los dirigentes que opinan sobre la provincia desde la comodidad de la Capital Federal.
El conflicto se originó durante una recorrida territorial de Huesen y su comitiva. Según la denuncia radicar en la policía local, fueron víctimas de bloqueos, amenazas y violencia física por parte de grupos vinculados a la intendente Raquel Graneros, viéndose obligados a atrincherarse en la comisaría. Desde la intendencia negaron los hechos y el uso de fondos públicos para financiar a los agresores. Sin embargo, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, impulsó junto al legislador José Macome un pedido de intervención municipal respaldado por gran parte del arco opositor (Juntos por el Cambio y LLA).
Ante el intento de desplazamiento de las autoridades locales mediante un comisionado interventor, Jaldo remarcó la supremacía de las facultades del Poder Ejecutivo provincial y frenó las presiones parlamentarias. El mandatario confirmó la existencia de dos denuncias cruzadas en la Justicia e instó a esperar peritajes oficiales antes de tomar medidas de fondo, al tiempo que lanzó un dardo directo a la dirigencia porteña y a las plataformas digitales: «Para opinar de Tucumán hay que estar en Tucumán, no por Twitter o por redes desde Buenos Aires».
Lejos de limitar su intervención al plano local, el Gobernador aprovechó la coyuntura para desplegar un duro embate contra la oposición y contra las fisuras internas del propio peronismo. Desafió a los representantes locales de La Libertad Avanza a rendir cuentas sobre las gestiones reales obtenidas del Gobierno nacional para la provincia y reservó un párrafo para la reaparición del senador Juan Manzur: criticó a quienes estuvieron «de vacaciones» durante tres años y regresan al territorio a opinar sobre los problemas sociales cuando se reconfigura el escenario electoral.
Así, la crisis desatada en Graneros pasa de ser un mero expediente policial a convertirse en la caja de resonancia de una disputa mayor por la hegemonía territorial, la gobernabilidad y el control de las estructuras de poder en el interior de la provincia.
