En medio del avance de la causa penal que se tramita en los tribunales federales, el gobernador Osvaldo Jaldo salió a justificar públicamente el encuentro institucional mantenido por la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, con el diputado nacional y dirigente bancario Carlos Cisneros. El respaldo gubernamental se produce a días de que el legislador deba comparecer a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntos delitos de trata de personas y coerciones agravadas.
En declaraciones a la prensa, Jaldo argumentó que el Ejecutivo provincial prioriza el diálogo con todos los sectores políticos e institucionales para «seguir consolidando la provincia», afirmando que en el contexto socioeconómico actual «no sobra nadie». Sin embargo, el aval político reaviva las sospechas sobre las tensiones internas y los alineamientos dentro del Partido Justicialista local, donde los cálculos de gobernabilidad y desgaste electoral parecen primar por sobre la gravedad de las imputaciones que pesan sobre el entorno cisnerista.
El llamado a indagatoria por parte de la Justicia Federal abarca no solo a Cisneros, citado para el 30 de septiembre, sino también a sus allegados Patricia Micaela Neme y Federico Petraglia. La causa cobró impulso definitivo tras la Sentencia N° 1343 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que ratificó la inocencia definitiva de los cuatro exfutbolistas erróneamente acusados en 2024, dejando en evidencia una red de manipulaciones, pericias psiquiátricas y digitales contundentes, e irregularidades administrativas en la Caja Popular de Ahorros que ahora investiga la órbita penal federal.
