Un masivo e infructuoso operativo de desalojo volvió a dejar al descubierto la profunda crisis humanitaria e institucional que atraviesa el enclave español de Ceuta, en la frontera con Marruecos. Fuerzas de la Policía Nacional y la Guardia Civil intentaron trasladar este viernes a miles de migrantes irregulares asentados en las playas hacia un centro de acogida provisional en el puerto, pero la saturación del recinto obligó a más de 2.000 personas a retornar a los asentamientos informales.
El procedimiento estuvo marcado por momentos de extrema tensión, desorganización y enfrentamientos. Aglomeraciones de migrantes que buscaban acceder a las plazas de refugio derivaron en la ruptura de los cordones de seguridad, lo que forzó a los efectivos policiales a emplear material antidisturbios e incluso realizar disparos de advertencia al aire para frenar los desbordes. Pese a que el gobierno central aseguró que el operativo se desarrolló con relativa normalidad, sindicatos policiales denunciaron una severa falta de medios y de planificación.
La capacidad de las instalaciones puerto —fijada en 1.700 plazas— fue sobrepasada a mitad del día, dejando sin asistencia ni registro a miles de personas. Las discrepancias en las cifras oficiales exacerban el conflicto: mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez calcula entre 3.000 y 4.000 personas en situación de calle, las autoridades locales del enclave elevan la estimación a más de 13.000.
El fallido desalojo mantiene a Ceuta bajo un estado de constante fricción social y política. La oposición española responsabiliza al oficialismo por una presunta falta de previsión ante las alertas de inteligencia sobre cruces masivos, en tanto que las autoridades locales insisten en que la acumulación de personas en la vía pública convirtió a la ciudad en una auténtica «olla a presión», sin soluciones de fondo a la vista.
