En una votación casi unánime con 44 votos afirmativos y solo uno en contra, la Legislatura de Tucumán sancionó el Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil. La norma convierte a la provincia en la primera jurisdicción del país en adecuar su marco normativo a la Ley Nacional N° 27.801, que redujo la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 14 años. La reforma reabre el debate político sobre la respuesta estatal ante la delincuencia juvenil y la responsabilidad real del sistema en la contención de menores.
La legisladora Carolina Vargas Aignasse defendió la iniciativa remarcando la obligación provincial de adecuar las estructuras locales tras la vigencia de la ley nacional. Según explicó, la regulación abarca la ejecución material, supervisión técnica y abordaje socioeducativo de las medidas impuestas a adolescentes de entre 14 y 18 años. El dispositivo busca articular la actuación judicial con organismos provinciales para garantizar que la aplicación de las penas cuente con el seguimiento correspondiente dentro del fuero tucumano.
Más allá del alineamiento normativo, la discusión expone las tensiones en torno al tratamiento de la minoridad y la estigmatización social. Frente a las críticas sobre el endurecimiento punitivo, desde el oficialismo sostuvieron que la ley no debe limitarse al castigo, sino incluir acompañamiento especializado y planes de resocialización alineados con los precedentes judiciales sobre personas en desarrollo. No obstante, el éxito de este nuevo régimen dependerá de la asignación real de recursos y de la capacidad efectiva del Estado para no convertir la baja de imputabilidad en un mero depósito de menores.
