Resolución unánime e inapelable, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó el recurso de queja interpuesto por la querella y dejó firme el sobreseimiento por «certeza negativa» de los futbolistas Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín. El Fallo N° 1343 del máximo tribunal provincial ratificó la atipicidad de la conducta imputada y confirmó que el hecho investigado en el Hotel Hilton constituyó una relación plenamente consentida.
La resolución, rubricada por los vocales Antonio Estofán, Daniel Leiva, Daniel Posse y Claudia Forte, cerró de forma definitiva la causa al convalidar la valoración de la prueba técnica realizada en las instancias previas. En particular, la Corte respaldó la contundencia de los 530 megabytes de evidencia informática procesados por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), junto con los informes médicos y periciales que descartaron la existencia de lesiones vinculadas a un abordaje forzado.
Al fundamentar el rechazo del recurso, el tribunal expuso severas inconsistencias técnicas en la presentación de la querella:
- Deficiencia recursiva: Señaló que la presentación se limitó a iterar argumentos previos sin formular una crítica concreta contra el auto denegatorio del recurso extraordinario.
- Límites procesales de la perspectiva de género: El fallo fijó postura doctrinaria al precisar que la aplicación de esta pauta hermenéutica es obligatoria pero no autoriza a alterar las reglas de la prueba, invertir la carga probatoria ni vulnerar la presunción de inocencia.
- Improcedencia de la gravedad institucional: Desestimó las alegaciones de la querella sobre un eventual impacto difuso, recordando que el instituto requiere la acreditación de un perjuicio institucional directo que trascienda el interés de las partes.
Con la firmeza de este pronunciamiento, la causa penal tramitada en la provincia queda archivada de manera irrevocable. A su vez, los antecedentes y el material probatorio recabado mantendrán su curso en la causa paralela que tramita en el fuero federal para investigar las denuncias sobre presunta extorsión y falsa denuncia contra sectores vinculados a la acusación privada.
