En medio de una fecha histórica que debería celebrar la labor de las aulas, el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional golpea de lleno al sector docente con un acentuado deterioro de los ingresos y una alarmante brecha salarial entre jurisdicciones. En este escenario de desinversión, Tucumán quedó encasillada entre las provincias rezagadas cuyos haberes brutos no alcanzan el piso de $1,2 millones mensuales para un maestro de grado con una década de antigüedad.
La retracción del Estado central modificó drásticamente el esquema de financiamiento educativo: la Nación redujo sus aportes consolidados de manera drástica, obligando a las administraciones subnacionales a asumir casi el 80% de los costos para sostener el sistema escolar. La quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la parálisis del Fondo de Compensación Salarial exacerbaron las asimetrías provinciales. Mientras en Neuquén un haber supera los $2,5 millones, en la región cuyana cae por debajo de los $935.000, marcando una brecha de más de $1,58 millones entre distritos.
Para amortiguar el impacto del desmonte nacional, la gestión provincial de Tucumán absorbió con recursos de las arcas locales el pago del incentivo docente, implicando una erogación multimillonaria para evitar un colapso mayor en los haberes de la comunidad educativa local.
El severo recorte en infraestructura, la caída acumulada de casi un 30% en la capacidad de compra de los salarios desde finales de 2023 y la acentuada subejecución de partidas nacionales no solo ponen al desnudo la crisis salarial en la educación obligatoria y universitaria, sino que reabren el debate sobre las severas falencias en la retención de talentos y el consecuente deterioro de la calidad educativa que sufre el país
